Somos especialistas en derecho de familia desde hace más de quince años. También tramitamos reclamaciones de pensiones de alimentos, demandas de filiación, tutela, incapacitaciones, adopciones, controversias de la potestad parental, acuerdos prematrimoniales, así como cualquier otra demanda vinculada con el derecho de familia.
Si tu ex pareja y tú no os ponéis de acuerdo en decisiones importantes sobre vuestros hijos o hijas, como puede ser el lugar de residencia o la escuela donde tienen que estudiar, puedes solicitar que sea la autoridad judicial quien resuelva el conflicto.
Contacta con nosotras y te asesoraremos con transparencia sobre la idoneidad de interponer una demanda de controversia de la potestad parental, recibiendo una atención personalizada.
Estarás siempre informado e informada y, en este sentido, podrás tomar las decisiones que más te convengan.
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El procedimiento judicial para resolver controversias de la potestad parental es el expediente de jurisdicción voluntaria. Pueden recurrir a este procedimiento los progenitores que sean titulares de la potestad parental y necesitan de intervención judicial para dirimir discrepancias concretas sobre el ejercicio de la potestat parental.
Se trata de controversias extrajudiciales, la discusión de las cuales exige una resolución rápida y que no supone una modificación otras medidas relacionadas con la potestad parental.
Por ejemplo, se puede recurrir a este expediente de jurisdicción voluntaria para resolver conflictos sobre la elección de centro escolar o el cambio de centro escolar, sobre la realización de rituales religiosos, sobre la conveniencia de asistir o no a un viaje, sobre el lugar de residencia, para solicitar la expedición de DNI o pasaporte cuando el otro progenitor no quiere, etcétera.
El juzgado competente será el de familia que conoció el procedimiento anterior sobre divorcio, separación o modificación de medidas. Deberá que resolver el conflicto realizando un juicio de conveniencia sobre cuál de los progenitores tiene que decidir la cuestión, sin que pueda adoptar una solución diferente a las propuestas. Los principios que tienen que regir la resolución son el interés del niño, la equidad y la racionalidad, y se pueden tener en cuenta los usos sociales y familiares y los acuerdos entre los progenitores del pasado.