Protección a la infancia y a la adolescencia

Realizamos acciones legales de protección

Protección a la infancia

y a la adolescencia

Realizamos oposiciones contra resoluciones de DGAIA y otras acciones legales de protección a la infancia y a la adolescencia. Ofrecemos defensa legal en casos de acogida y adopción.

Contacta con nosotros si el Equipo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (EAIA) ha abierto un expediente de riesgo de tus hijos o hijas. Te informaremos de tus derechos y te asesoraremos sobre los pasos a seguir. Si han declarado en desamparo a tus hijos o hijas, pide visita para recibir información sobre cómo puedes impugnar esta resolución y acudir a los tribunales para que revisen la decisión de la administración. Te asesoraremos de forma personalizada y con total transparencia y siempre respetaremos tu decisión.

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En materia de protección de niños y adolescentes, la Ley otorga la facultad primera de intervención a la Administración y encomienda a los tribunales una función revisora.

La Ley de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia (2010) es la norma definitiva en la legislación en materia de infancia en Cataluña. La Ley recoge toda la legislación anterior catalana sobre la infancia y la adolescencia e introduce novedades en aspectos como la protección ante el maltrato de niños y adolescentes, el procedimiento de desamparo o el proceso de acogida, con dos modalidades: el permanente y el especializado.

Se distinguen dos situaciones de intervención por parte de la administración: la situación de riesgo y la situación de desamparo. Por situación de riesgo, el art. 102 de la Ley entiende la situación en la que el desarrollo y el bienestar del niño o el adolescente se ven limitados o perjudicados por cualquier circunstancia personal, social o familiar, siempre que para la protección efectiva del niño o el adolescente no haga falta la separación del núcleo familiar. La declaración de desamparo queda para los casos más graves de desprotección y, por lo tanto, sólo será necesaria si hay que adoptar una medida que comporte la separación del niño o adolescente de su hogar. El art. 105 define el desamparo como la situación de hecho en la cual se encuentran los niños o adolescentes que carecen de los elementos básicos para el desarrollo integral de la personalidad, siempre que para su protección efectiva haya que aplicar una medida que implique la separación del núcleo familiar.

La revisión o control judicial quedan limitados en las declaraciones de desamparo.

La Ley atribuye a los ayuntamientos la intervención en las situaciones de riesgo. La Generalitat, a través de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), protege el niño o adolescente en el caso de desamparo, es decir, cuando el menor tiene que ser separado de su núcleo familiar.

Los efectos de la declaración de desamparo se han recogido al art. 109 de la Ley y son los siguientes: la asunción inmediata de las funciones tutelares sobre el niño o el adolescente; la suspensión de la potestad parental o de la tutela ordinaria y de los derechos que se derivan; el organismo competente puede pedir la privación de la potestad parental, la remoción de la tutela y reclamar alimentos o ejercer las acciones administrativas o judiciales que procedan en beneficio del niño o el adolescente; la suspensión o la privación no afectan la obligación de los progenitores u otros parientes de hacer todo el que haga falta para asistir los niños o los adolescentes ni la obligación de prestarles alimentos en el sentido más amplio, y la obligación de los progenitores u otros parientes de contribuir al pago de los servicios utilizados por el niño o el adolescente.

La Resolución que declara en situación de desamparo un niño o adolescente se tiene que notificar a los progenitores, a los titulares de la tutela o de la guarda y al adolescente, con información de los efectos de la resolución, de la posibilidad de impugnación y de los plazos para hacerlo, y también de los requisitos y los trámites que se tienen que cumplir para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita (art. 108 de la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia).

Las medidas de protección se recogen al art. 120 de la Ley:

a) La acogida familiar simple por una persona o una familia que pueda suplir, temporalmente, el núcleo familiar natural del niño o el adolescente. b) La acogida familiar permanente. c) La acogida familiar en unidad convivencial de acción educativa. d) La acogida en un centro público o concertado. e) La acogida preadoptiva. f) Las medidas de transición a la vida adulta y a la autonomía personal. g) Cualquier otra medida de tipo asistencial, educativo o terapéutico aconsejable, de acuerdo con las circunstancias del niño o el adolescente.

Esta resolución de desamparo se puede recurrir ante el Juzgado de Familia en un plazo de 3 meses desde la notificación y no hay que interponer una reclamación administrativa previa.